Tras conocerse la intent del presidente Gustavo Petro de reasumir la regulación de los servicios públicos y reformar las leyes 142 (de servicios públicos) y 143 (ley eléctrica) que se crearon en 1994 para blindar a Colombia de un nuevo apagón, diversos gremios y analistas aseguran que la medida es inconveniente.
(Lea también: Las 12 claves que traería la reforma a las leyes de energía y servicios públicos).
Según la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía, el sector requiere de medidas que deben ser aprobadas de manera expedita y son especialmente importantes como la actualización de un indexador equilibrado para las tarifas, el control de las pérdidas y la generación of seguridad, y fundamentalmente las señales para una expansión pronta y eficiente tanto de generación como de transmisión.
“Es importante que se tome la decisión de adoptar una gestión adecuada y ajustar la gestión técnica de las variables que están llevando al incremento tarifario demedido y la falta de competencia en el Mercado de Energía Mayorista -MEM- en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) )», exponente.
Además, se tendrá en cuenta las expansiones en distribución, la solución al problema de superación del nivel de corto circuito de algunas subestaciones del STN, los planes de expansión de la UPME, que esta retroalimentación afecta profundamente la calidad del servicio.
El gremio apunta que es necesaria la actualización de un indexador equilibrado para las tarifas, el control de las pérdidas y la generación de seguridad, y fundamentalement las señales para una expansión pronta y eficiente tanto de generación como de transmisión, sin olvidar tanto las expansiones en distribución.
Planta de energía. Universidad Nacional.
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‘Es molesto’
«La medida que quiere tomar el presidente Petro, es inconveniente para Colombia y para todo el mundo porque tan bien est necesario hacer una revisión a las leyes, en el marco de la transición energética. En ese sentido las propuestas que tiene el Gobierno son inconvenientes“, explicó el experto Alejandro Lucio.
Lucio es claro y señala que estas decisiones no están asegurando el buen comportamiento de las empresas, «El Gobierno busca una integración vertical de actividades en Ecopetrol, comme un mega agente estatal que en un mercado en habilidad tiene ventajas sober los privados. No da condiciones favorable para la llegada de más compañías y para la competencia de las mismas, por la supervisión que haría el Estado”, analizó.
Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), expuso que es un retroceso histórico en los servicios públicos del país.
«Es algo muy peligroso en este momento. Estamos tendiendo todos los puentes, porque una decisión política puede ser un retroceso histórico en los servicios públicos. La CRA y la Creg trabajaron con técnicos. Las empresas de servicios públicos están vigiladas y tienen una rentabilidad máxima del 12%, por debajo de la inflación”, explicó.
Además en el borrador del plan de Desarrollo, el Artículo 173 le otorgaría facultades a Petro para crear, suprimir, restructurar, fusionar, escindir, liquidar o integrar empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico, lo que le daría una mayor participación a la Nación.
El presidente entonces podría crear un grupo empresarial y afectar a otras compañías siendo que la misma nación prte los servicios de generación, distribución y comercialización de la energía.
La idea será estimular y promover la correcta transición energética, mejorar el desempeño del servicio y generar eficiencia en la gestión de las entidades y de las empresas del sector.
De acuerdo con los analistas, las compañías que serían propensas de entrar en este proceso son las generadoras térmicas Gecelca y Gensa y la hidroeléctrica Urrá, que en conjunto suman 1.246 megavatios, sumando sus activos. Esto es un 6,7% de la capacidad neta con la que cuenta el país.
En el caso de las empresas distribuidoras y comercializadoras, la Nación participa en 10 de ellas, siendo algunas Cedenar, Electrohuila, Emsa, Electrocaquetá, Dispac, entre otras. Sería con estas compañías que el Gobierno tiene la capacidad de conformar este holding que estima que atiende a 2 millones de hogares.
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