Ante la disminución de las temperaturas que impactan al país, el Gobierno de Uruguay informó acerca de una reducción especial en el costo de la garrafa de supergás de 13 kilogramos, que será de 100 pesos uruguayos. La disposición entrará en vigor el 1 de julio y se mantendrá hasta el 31 de agosto, como parte de un plan para reducir los gastos de las familias durante el invierno, particularmente en un escenario de temperaturas que podrían descender hasta –4 grados Celsius.
La reducción de precio, que beneficia tanto a hogares subsidiados como a no subsidiados, se suma al programa vigente que cubre hasta el 50 % del costo para los sectores más vulnerables del país. La ministra de Industria, Energía y Minería destacó que se trata de un esfuerzo fiscal significativo por parte del Estado, en favor del bienestar de la población. Según datos oficiales, más del 80 % de los hogares uruguayos utiliza supergás como fuente principal de energía para cocinar, y una proporción importante también lo emplea para calefacción durante el invierno.
Con la baja anunciada, el costo del supergás se reducirá de 88,46 pesos por kilo a 80,77, ubicando el precio de la garrafa de 13 kilos en cerca de 1.050 pesos uruguayos. Esta reducción proporciona un respiro para las finanzas familiares, especialmente teniendo en cuenta que el invierno tiende a ser una de las temporadas con mayor demanda de energía y, por lo tanto, un impacto más significativo en el gasto del hogar.
En paralelo a la rebaja del supergás, el gobierno dispuso un leve ajuste al alza en los precios de los combustibles líquidos. La nafta Súper 95 aumentará 0,25 pesos por litro, la Premium 97 subirá 0,26, y el gasoil 50S registrará un incremento de 1,05 pesos por litro. Esta modificación responde a la política oficial de revisión bimestral de los precios de los combustibles, basada en la evolución del Precio de Paridad de Importación (PPI), que se utiliza como referencia para determinar los valores internos en función de las condiciones internacionales del mercado energético.
Las autoridades detallaron que la modificación en el sistema de evaluación, la cual cambió de ser mensual a bimestral, busca brindar una previsión más clara tanto a los consumidores como a las compañías distribuidoras, al mismo tiempo que facilita mitigar variaciones súbitas en los costos internacionales del petróleo.
La acción de disminuir el costo del supergás es algo sin precedentes recientes, según admitieron representantes oficiales. A pesar de que años atrás se aplicaron subsidios específicos, esta reducción general del precio al consumidor representa un cambio activo del Gobierno frente a las condiciones extremas del clima. La intensa ola de frío que ha impactado al país desde finales de junio ha sido descrita como una de las más intensas de los años recientes, presentando temperaturas bajo cero en varias zonas del interior y sensaciones térmicas más bajas aún.
El Instituto Nacional de Meteorología lanzó advertencias anticipadas debido a la continuidad del frente frío, y varias entidades gubernamentales han fortalecido medidas conjuntas para asistir a personas sin hogar, garantizar el abastecimiento de energía en áreas rurales y fomentar el uso seguro de calefacción en las viviendas.
La acción ha despertado expectativas acerca de su potencial efecto en la inflación mensual. A pesar de que las subidas en los precios de los combustibles líquidos podrían provocar algo de presión, la disminución en el costo del supergás —visto como un producto esencial— puede funcionar como mitigación en el cálculo del índice de precios al consumidor en los próximos dos meses.
Por ahora, el gobierno ha dejado abierta la posibilidad de evaluar nuevas medidas según cómo evolucione la situación climática y económica en las próximas semanas. Desde el Poder Ejecutivo, se enfatizó que el objetivo principal es asegurar que ninguna familia se vea obligada a elegir entre calefaccionarse y cubrir otras necesidades básicas. En tiempos de frío extremo, recalcaron, garantizar el acceso a la energía no es solo una cuestión económica, sino también una prioridad social y de salud pública.
