Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco resolvió que el expresidente Trump puede mantener el control sobre la Guardia Nacional de California, al menos temporalmente, mientras sigue el juicio presentado por el gobernador Gavin Newsom. La decisión autoriza que las 4 000 tropas en Los Ángeles sigan bajo mando federal mientras se desarrollan los procedimientos judiciales, suspendiendo por el momento la decisión anterior que exigía su regreso al mando estatal.
La disputa comenzó el 7 de junio, cuando el expresidente federalizó la Guardia Nacional y desplegó a 700 marines para reforzar la presencia militar en Los Ángeles, apoyando las labores de agentes federales durante protestas relacionadas con operativos de inmigración. Esta movilización de tropas sin el consentimiento del estado marca la primera vez desde 1965 que ocurre un despliegue tan extenso sin la aprobación del gobernador.
En una sesión reciente, el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones afirmó que el presidente posiblemente operó acorde con el marco legal federal, indicando que las protestas se habían transformado en conductas violentas hacia empleados y bienes federales, además de ataques con escombros y cócteles molotov. Aunque determinó que el presidente debía informar al gobernador, corroboró que la decisión de una corte de primera instancia fue demasiado limitada, ya que no existía autoridad para impedir la acción presidencial.
El dictamen del juez de distrito Charles Breyer, presentado el 12 de junio, establecía que el proceso de federalización era ilegal, señalando que no se habían satisfecho las condiciones legales necesarias y que no había una «rebelión» según lo requerido por la ley. No obstante, la apelación detuvo la ejecución de esa decisión mientras el caso continúa su desarrollo.
El panel del Noveno Circuito —compuesto por dos jueces nombrados por Trump y uno por Biden— subrayó que la ley concede al presidente un amplio margen en temas relacionados con la protección del cumplimiento federal, y que es responsabilidad del tribunal llevar a cabo una revisión “con un alto grado de deferencia». Sin embargo, desestimó la idea de que la decisión presidencial esté totalmente fuera del control judicial.
Mientras el proceso legal sigue su curso, California puede decidir elevar una apelación ante el pleno del Noveno Circuito o incluso presentar el caso ante la Suprema Corte. Asimismo, podrían sostener que la utilización de las fuerzas armadas para respaldar tareas de la ley federal —una posible infracción de la ley Posse Comitatus— necesita una revisión más detallada en el tribunal.
En su respuesta, el gobernador Newsom afirmó que “el presidente no es un monarca ni está exento de la ley” y confirmó que California continuará defendiendo la soberanía estatal y los derechos civiles en los tribunales. Por otro lado, el expresidente Trump consideró el veredicto como un “gran triunfo” para la seguridad nacional, sosteniendo que la Guardia Nacional debe tener la capacidad de ser desplegada si las autoridades locales no consiguen mantener el orden.
A nivel nacional, el caso ha abierto un debate profundo sobre el alcance de los poderes presidenciales en el uso de la Guardia Nacional, el federalismo y los límites del control judicial. Es la primera vez en seis décadas que se federaliza la Guardia sin el consentimiento de un gobernador, lo cual genera preocupación sobre precedentes peligrosos y el debilitamiento de los mecanismos de derecho y revisión institucional .
Mientras tanto, en Los Ángeles, la presencia militar sigue vigente, aunque los niveles de protesta han disminuido y el alcalde levantó el toque de queda. Sin embargo, persisten tensiones y cuestionamientos sobre la coordinación entre autoridades civiles y militares, así como el impacto en vigilancia y control social .
La fecha importante será la audiencia siguiente ante el juez Breyer, programada para este viernes. En esta audiencia, podría emitirse una orden preliminar más extensa que establezca con claridad cómo se pueden utilizar las tropas. La resolución del caso tendrá efectos perdurables en la relación entre el gobierno federal y los estados, las competencias presidenciales y el papel de las fuerzas armadas en actividades civiles.
