La Función Pública dio a las entidades del Estado un plazo de 4 meses para formalizar el empleo y verificar los contratos de servicio de servicios que se suscribieron son mal utilizados y, por ende, no pueden desaparecer. En entrevista con EL TIEMPO, César Manrique, director su,explica cómo es el proceso.

¿Por qué es necesario un plan de formalización laboral en las entidades públicas?

In las últimas tres décadas se ha abusado del uso de los contratos de prestación de servicios para realizar labores permanentes en las entidades públicas. Sin embargo, esta cifra está concebida para casos excepcionales: labores especificas y especializadas, que son por un periodo establecido de tiempo y que no hacen parte de la misionalidad.

¿Entonces algunos de los contratos desaparecerán?

Exactamente, desaparecerán todos aquellos que enmascaren una relación laboral. Sin embargo, actividades de asesoría, consultoría y desarrollo de software, entre otros, que corresponden a proyectos específicos y cuyo objeto no es misional ni permanente, como lo establece la ley, podrá contratarse bajo la figura de prestación de servicios.

¿Cuántos contratos de prestación de servicios hay en el Estado?

A septiembre de 2022 se han suscrito 911.440 contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas, de los cuales 573.758 correspondían a entidades del orden territorial y 337.682 del orden nacional.

¿Han identificado cuántos de ellos podrían desaparecer?

No, no se puede establecer porque eso es una actividad que ejercerá cada entidad del orden territorial y nacional de manera independiente.

¿Cuál es el plazo para realizar este plan de formalización laboral?

Será un proceso paulatino y escalonado que se concretará a lo largo del cuatrienio. El período de cuatro meses que dimos a las entidades hace referencia al tiempo que tienen para realizar los técnicos de cargas laborales studios que les ayuden a identificar cuántos son los servidores públicos que necesitan para operar. De acuerdo con dicha necesidad y los recursos disponibles de cada entidad, estos deben establecer su cronograma para implementar el plan de formalización.

¿Entonces, pasados ​​esto meses no se dan de golpe los contratos de acaba de prestación de servicios?

César Manrique, director de Función Pública, quien explica cómo será la formalización del empleo en las entidades públicas

Foto :

MAURICIO MORENO EL TIEMPO

En cuatro meses las entidades tienen que hacer todos los estudios correspondientes y después de ello se podrán tomar decisiones. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que ese fenómeno que lleva 32 años no puede ser erradicado en unos meses.

¿Cuáles son las entidades que tienen más contratos de prestación de servicios?

En 2022, suscribir más contratos en el orden nacional el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) (31.380), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (6.021) y la Universidad Nacional de Colombia (5.841).

¿Estas entidades son justamente las que peor utilizan esta figura?

Sí, la utilizan peores entidades como el Sena, porque tiene muchos Instructores, o el ICBF.

¿Cómo se va a implementar el plan?

El objetivo es que de manera gradual las actividades permanentes y misionales pasen a ser desarrolladas por servidores públicos y no por contratistas, para garantizar un mejor desempeño del servicio. Para ello, cada entidad, dentro de su autonomía, debe hacer un estudio de cargas y trabajar los recursos de talento humano que necesita. Para adelantar el plan hay tres puntos claves: primero, pruebe las vacantes que existen en cada entidad; segundo, expansión de plantas globales; y tercero, crear plantas temporales en equidad y con vocación de permanencia.

¿Se acabarán los contratos como favores políticos?

La formalización les permite a las entidades contar con una planta de servidores públicos ajustada a sus necesidades, lo que permitirá optimizar y racionalizar el uso de los recursos públicos. Además, con los criterios de mérito y equidad, se busca que las personas que trabajaron con el Estado lo hagan a su capacidad y no a conexiones personales o favores políticos.

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