El Gobierno ha puesto las bases para elaborar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, los primeros de la nueva legislatura: este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde al techo de gasto para 2024, una cifra récord que alcanza los 199.120 millones de euros, incluidos los fondos comunitarios, y que supone un 0,5% más con respecto al año anterior. Sin el maná europeo el incremento es del 9,3% (189.215 millones). “El techo de gasto es prudente, y el Gobierno cuenta con margen para tomar o prorrogar algunas de las medidas para combatir el alza de los precios si fuera necesario”, ha asegurado la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La fijación del techo de gasto ha ido de la mano de la aprobación de los objetivos de déficit y deuda pública para los tres siguientes ejercicios, otro trámite sine qua non para avanzar en el diseño de los Presupuestos, que el Gobierno confía en tener listos para el primer trimestre del próximo año. La senda de corrección del desfase fiscal sitúa el agujero de las cuentas públicas a partir del año que viene por debajo del umbral máximo del 3% del PIB que fijan las reglas fiscales europeas —3% en 2024 y, a continuación, 2,7% en 2025 y un 2,5% en 2026—. Esta senda de consolidación fiscal, como definen los académicos la senda de reducción del déficit y la deuda, deberá pasar por el escrutinio del Congreso y del Senado, con el riesgo de que el PP bloquee su aprobación en la cámara alta gracias a la mayoría de la que dispone, una amenaza que el Ejecutivo ya ha afirmado que podrá esquivar, pero perjudicando a comunidades y Ayuntamientos.
Montero ya explicó el lunes que si los objetivos de estabilidad reciben por dos veces un portazo en el Parlamento, se aplicarán las metas fiscales contempladas en el Plan de Estabilidad de abril, que son más severas para las comunidades y los ayuntamientos. “Es decir, el Partido Popular se estaría tirando piedras sobre su propio tejado, perjudicando la capacidad de gastos de sus propias comunidades autónomas por la simple la confrontación política”, señaló tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano en el que el ministerio se reúne con los consejeros de la rama para debatir asuntos de índole fiscal y financiera, y en el cual Montero ha comunicado la senda de estabilidad autonómica para el próximo ejercicio.
El Gobierno se ha blindado con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que señala que, si las cámaras legislativas no aprueban por dos veces los objetivos de estabilidad que se someten a su consideración, según la ley de Estabilidad “los que entran en vigor son los que se escribieron, se comprometieron con Europa en el plan de estabilidad”, especificó Montero ayer. “El diferencial está en que los ayuntamientos estarían en superávit, y las comunidades autónomas en equilibrio presupuestario”, añadió.
Las comunidades autónomas dispondrán de dos décimas más de margen de gasto el año que viene con respecto a la senda contemplada en el Plan de Estabilidad, con un objetivo de déficit del 0,2% que Montero comunicó a los consejeros de Hacienda este lunes. También los Ayuntamientos tendrán más flexibilidad en comparación con la previsión de abril: ahora se les exige un desfase del 0,1%, en lugar del equilibrio presupuestario. Ambos subsectores contarán el año que viene con recursos récord procedente del sistema de financiación, ha recordado este martes Montero. Y, en ambos casos, los mayores desajustes que se les permiten los asumirá el Estado. “Estos Presupuestos serán y son una prioridad para este Gobierno”, ha añadido la ministra.
Margen para ayudas
El techo de gasto, que se conoce en jerga técnica como límite de gasto no financiero, es una cifra límite autoimpuesta por el Gobierno para que los desembolsos del sector público no se disparen y pongan en peligro la estabilidad presupuestaria. Su fijación es un imprescindible para tramitar los Presupuestos y su importe no ha hecho que subir desde la pandemia, gracias al empujón contable de los fondos europeos. El año pasado se situó en los 198.221 millones de euros.
Bruselas ya ha dado con respecto al gasto un toque de atención a España, uno de los países con la deuda más abultada del entorno y un déficit que se ha disparado con la pandemia. Entre las recomendaciones europeas está la contención del déficit y un freno a los desembolsos: los gastos financiados nacionalmente no tendrían que aumentar por encima del 2,6%, un objetivo que se antoja complicado de lograr si se mantiene el escudo social desplegado para limar el golpe económico de la guerra en Ucrania. La mayoría de las medidas decaerían el 31 de diciembre. El Ejecutivo ha aclarado que algunas medidas se mantendrán, pero aún no ha aclarado si se prorrogará el conjunto del paquete, que supone una factura de cerca de un punto del PIB, mientras que según la UE el margen que tiene Hacienda solo alcanzaría los 3.000 millones.
Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal
La agenda de Cinco Días
Las citas económicas más importantes del día, con las claves y el contexto para entender su alcance.
RECÍBELO EN TU CORREO
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
_