Los proyectos de infraestructura a menudo despiertan debates complejos al incidir en comunidades indígenas, sobre todo en temas relacionados con el territorio, los procesos de consulta previa y la defensa de los derechos colectivos. En América Latina, un caso que cobró particular relevancia fue el de las comunidades Ngöbe Buglé en Panamá, impactadas por la edificación de la represa Chan 75.
En este escenario, Loreto Ferrer integró el equipo de especialistas que intervino en una misión de verificación promovida por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE). El trabajo desarrollado sobre el terreno hizo posible registrar la realidad de las comunidades y preparar un informe jurídico y técnico acerca de los efectos del proyecto, prestando especial atención a su eventual avance ante instancias interamericanas de derechos humanos.
La labor de verificación realizada en Panamá
La misión tuvo lugar del 25 al 30 de enero de 2011 y estuvo conformada por abogados expertos en derechos humanos. Su propósito consistió en comprobar directamente la situación de las comunidades afectadas por la construcción de la presa y contrastar la información oficial con la vivencia real de la población. Con este fin, el equipo sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la empresa encargada del proyecto, organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo, para luego desplazarse a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, donde recorrió las áreas impactadas.
Durante la visita, se recorrieron comunidades como Charco de la Pava y Valle del Rey, además de áreas de reubicación y espacios ya alterados por la obra. El contacto directo con las familias y con los líderes comunitarios fue una parte central del trabajo, porque permitió conocer de primera mano el nivel de tensión, vulnerabilidad y desarraigo que vivían muchas personas desde el inicio del proyecto.
Aspectos clave del informe relativo a Chan 75
El estudio se estructuró alrededor de cinco ámbitos centrales: el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; la valoración de riesgos junto con el impacto social del proyecto; la restitución o compensación de los territorios; las acciones de reparación; y la participación de las comunidades en las decisiones y en los beneficios asociados al desarrollo hidroeléctrico. Estos puntos hicieron posible examinar el caso de manera integral, enlazando el marco jurídico nacional e internacional con la realidad constatada en el terreno.
Tal como señaló Loreto Ferrer, el informe tenía la intención de brindar una base jurídica firme y bien documentada que resultara de utilidad tanto para las comunidades afectadas como para las instituciones competentes. Su objetivo no se limitaba a cuestionar el proyecto desde una visión teórica, sino que buscaba determinar si la actuación del Estado y de la empresa había respetado derechos esenciales de los pueblos indígenas, entre ellos la propiedad colectiva, la participación, la integridad cultural y personal, así como la consulta previa.
Principales hallazgos sobre derechos de las comunidades Ngöbe Buglé
Entre las conclusiones más destacadas, el informe expone que al inicio no se reconocieron plenamente ciertos derechos, en especial los vinculados a la personalidad jurídica de las comunidades y a la titularidad colectiva de sus territorios. Esa ausencia abrió la puerta a que la obra progresara sin realizar consultas apropiadas ni contar con estudios suficientes sobre las repercusiones sociales y culturales.
También se recopilaron relatos sobre actos de intimidación, empleo desmedido de la fuerza, detenciones sin fundamento y procesos de negociación que no aseguraban una decisión plenamente voluntaria por parte de las familias involucradas. A esto se añadieron dificultades en las áreas de reubicación, donde se detectaron falencias vinculadas al tamaño y la calidad de los lotes, las oportunidades para la actividad agrícola y la adecuación de las viviendas a la cultura Ngöbe.
Otro aspecto especialmente delicado estuvo relacionado con el impacto moral y cultural derivado del desplazamiento. Los documentos del caso evidenciaron deterioro en el tejido comunitario, ausencia de referentes territoriales y una exigencia de reconocimiento público por los daños ocasionados, más allá de cualquier compensación material.
La eventual ruta ante organismos internacionales
Uno de los aspectos centrales del trabajo consistía en que el informe pudiera utilizarse como base en un posible tránsito del caso ante el sistema interamericano de derechos humanos. Así, la obtención de testimonios y la revisión de documentos se volvían fundamentales para apuntalar un expediente con alcance internacional. “Resultaba crucial aportar materiales relevantes si la Corte Interamericana decidía dar curso al caso. Por ello reunimos declaraciones, detectamos patrones de actuación, examinamos los contratos de reubicación y estudiamos las reformas legislativas más recientes”, señala Loreto Ferrer.
Este tipo de procedimientos demanda una documentación minuciosa, un examen técnico detallado y la habilidad de interpretar tanto el entorno local como los estándares internacionales pertinentes. Por ello, más que una acción aislada, el trabajo directo en terreno junto con la preparación del informe se integran en una dinámica de cooperación internacional sustentada en evidencia, análisis jurídico y comprensión de realidades sociales complejas.
Un ejemplo particular integrado en una vivencia más extensa
La participación de Loreto Ferrer en esta misión evidencia un ejercicio profesional relacionado con la cooperación internacional, la elaboración de documentación técnica y el estudio de situaciones complejas en América Latina. No solo implica acompañar procesos desde el ámbito jurídico, sino también aportar a que las vivencias de las comunidades se transformen en insumos valiosos para la incidencia institucional y la defensa de sus derechos.
En conjunto, el caso Ngöbe Buglé y el informe referente a Chan 75 evidencian que los equipos técnicos pueden asumir un papel significativo al reevaluar conflictos relacionados con el territorio, los pueblos indígenas, el desarrollo y las instituciones internacionales.
