Esta semana, el gobierno hondureño hizo un anuncio sorpresa de su intención de poner fin al tratado de extradición firmado con Estados Unidos en 1912. 15 de enero Este acuerdo, que ha estado vigente durante más de un siglo, ha sido una cooperación fundamental entre los dos países para resolver problemas relacionados. crimen organizado, especialmente el narcotráfico. La noticia fue anunciada por el canciller Enrique Reina, quien dijo que la decisión responde a órdenes directas de la presidenta Xiomara Castro.
El anuncio se produjo luego de que Castro publicara en su cuenta oficial X (antes Twitter) donde decía que denunciaba oficialmente el contrato. Según el mandatario, esta medida está respaldada por la Constitución hondureña y tratados internacionales. Además, justificó su decisión haciendo referencia a la supuesta intromisión e intervención del gobierno de Estados Unidos, al que acusó de intentar influir en la política interna hondureña a través de su embajada y otros representantes diplomáticos en Tegucigalpa.
Las tensiones entre los dos países han aumentado después de que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, emitiera declaraciones críticas tras una reciente visita de altos funcionarios hondureños a Venezuela. Entre los asistentes estuvieron el Ministro de Defensa, Manuel Zelaya Rosales, y el Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández Aguilar. Durante la visita, funcionarios hondureños se reunieron con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, quien está acusado por Estados Unidos desde 2019 por delitos relacionados con el narcotráfico.
El Embajador Dogu expresó sorpresa por el encuentro entre funcionarios del gobierno hondureño y un funcionario involucrado en actividades ilegales alegadas por Estados Unidos. En sus propias palabras, señaló: «Fue sorprendente para mí ver a funcionarios de este Gobierno sentados con miembros del cartel». Las declaraciones alimentaron críticas a la administración Castro, que ha mantenido su compromiso de combatir el narcotráfico.
Por su parte, el gobierno venezolano negó categóricamente cualquier conexión con el narcotráfico y reiteró sus esfuerzos para combatir este flagelo. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta oficial del Ministerio Público venezolano sobre estas acusaciones.
En Honduras, el anuncio de Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición ha provocado un intenso debate. El constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó la medida como un acto intolerante que podría fomentar la impunidad en casos de narcotráfico. Según Barrientos, la denuncia de un contrato no basta para rescindirlo. Explicó que para que esta decisión sea definitiva, el asunto debe ser considerado y aprobado por el Congreso Nacional, donde se requiere una mayoría calificada para reformar la Constitución y cambiar el marco legal relacionado con la extradición.
El partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) tiene actualmente 54 diputados de los 128 que componen el Congreso, muy por debajo de los 86 votos necesarios para aprobar una resolución de este tipo. Esto complica la perspectiva de una rescisión inmediata, lo que podría mantener el acuerdo vigente por el momento.
El tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos tiene una larga historia. Aunque fue firmado en 1909, no entró en vigor hasta 1912. en 2013 fue modificado para incluir la extradición de nacionales hondureños acusados de delitos de narcotráfico, marcando un hito en la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado. Desde entonces, Honduras ha extraditado a 43 hondureños por tales crímenes, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
El caso fue uno de los más simbólicos de la historia reciente de Honduras. Otros exfuncionarios y expresidentes como Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales, así como Carlos Zelaya, actual diputado y secretario del Congreso Nacional, fueron imputados durante el juicio a Hernández. En agosto, el Fiscal General Johel Zelaya anunció que llamaría a declarar a todos los hondureños nombrados en el juicio de Hernández en Estados Unidos, lo que generó expectativas de posibles investigaciones adicionales.
La decisión de revisar el tratado de extradición también provocó reacciones internacionales. CNN ha solicitado comentarios tanto de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa como del Departamento de Estado sobre su posición sobre el informe, aunque aún no se ha recibido respuesta oficial.
A nivel interno, el debate sobre la extradición es particularmente delicado para Honduras, un país que ha luchado durante años contra el narcotráfico y la corrupción. El tratado de extradición ha sido una herramienta clave para combatir estos problemas, pero su posible derogación plantea interrogantes sobre cómo planea el gobierno de Xiomara Castro abordar estos desafíos en el futuro.
Mientras tanto, los analistas políticos señalan que denunciar el tratado podría tener consecuencias tanto diplomáticas como económicas. La relación entre Honduras y Estados Unidos ha sido históricamente estrecha, con cooperación en áreas como seguridad, comercio y ayuda humanitaria. Una ruptura en este ámbito podría afectar la percepción internacional del país y crear tensiones adicionales en un momento en que la región enfrenta desafíos comunes de gobernanza, desarrollo y lucha contra el crimen organizado.
En conclusión, la decisión del gobierno hondureño de revisar el tratado de extradición con Estados Unidos es un momento crítico en la relación bilateral entre ambos países. Si bien la denuncia del acuerdo aún no está completa, el debate que ha suscitado refleja un profundo desacuerdo sobre cómo abordar los problemas estructurales de la nación. Por ahora, el futuro del acuerdo y su impacto en la lucha contra el narcotráfico sigue sin estar claro.
