La presidenta hondureña, Xiomara Castro, anunció en la televisión nacional un ambicioso “megaplan” que incluye al menos 14 medidas para combatir la creciente ola de criminalidad que afecta al país. El plan, elaborado en conjunto con el Consejo de Defensa y Seguridad de Castro, apunta a implementar “pasos radicales en el plan de solución para la lucha contra el crimen”.
En su discurso, la mandataria llamó a todos los operadores de justicia a “planificar y ejecutar de inmediato intervenciones en aquellos municipios donde la criminalidad es mayor”. Los delitos a abordar incluyen extorsión, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de dinero, actividades que, según Castro, son realizadas por “turbas, pandillas y grupos criminales organizados”.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció que se ordenó la detención inmediata de los líderes y miembros de estas estructuras criminales. La medida pretende desmantelar organizaciones que han sembrado el miedo en muchas comunidades hondureñas.
Una de las propuestas más destacadas del plan es la construcción inmediata de un Centro de Detención de Emergencia (CRE) en el despoblado entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho. Este nuevo centro, con capacidad para 20.000 personas, se utilizará para trasladar desde otros centros a internos que hayan sido procesados por los delitos antes mencionados. Además, hay planes en marcha para construir una prisión de máxima seguridad en la Isla del Cisne, la isla caribeña de Honduras, en un esfuerzo por reforzar el sistema penitenciario del país.
Para implementar estas medidas, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que sería necesario reformar el Código Penal. Se propondrá clasificar como “terroristas” a los miembros de bandas que cometan delitos graves. Estas reformas también incluirán penas más duras para quienes atenten contra la vida y la integridad de los funcionarios de seguridad y justicia.
Redondo también mencionó que el Congreso discutirá leyes que regulan la venta de tarjetas SIM de celulares y reformará la ley del banco central. Estas acciones tienen como objetivo controlar las transacciones electrónicas, que muchas veces se utilizan para actividades delictivas como la extorsión.
Otra medida prevista es la introducción de brazaletes electrónicos y otros medios técnicos para la supervisión de los acusados en libertad condicional. Esta estrategia tiene como objetivo mejorar el seguimiento y control de las personas en libertad condicional, aumentando así la seguridad pública.
A pesar de la magnitud de estas medidas, hasta el momento no ha habido declaraciones de organizaciones de derechos humanos o ambientalistas sobre las acciones anunciadas por el gobierno. La falta de comentarios puede reflejar la tensión entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Cabe recordar que en 2022 En noviembre, el presidente Castro ya había declarado una emergencia de seguridad nacional y lanzó lo que llamó una “guerra contra la extorsión”. La declaración se produjo en el contexto de una crisis de seguridad marcada por hechos trágicos como un motín carcelario que dejó 46 mujeres muertas.
El nuevo “megaplan” representa un esfuerzo significativo del gobierno hondureño para combatir la creciente violencia y el crimen. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de estas medidas y de la cooperación entre los diferentes sectores de la sociedad. La lucha contra el crimen organizado es un desafío complejo que requiere no sólo una acción decisiva, sino también un enfoque integral que aborde las causas profundas de la violencia en el país.