España se enfrenta a un proceso de envejecimiento de su población de mayor intensidad a la de otros países de su entorno, que han pasado antes por esta situación. En el caso español, además, se trata de un problema demográfico de mayor gravedad por la esperanza de vida de sus ciudadanos, más elevada, y la menor tasa de fecundidad de las mujeres en edad fértil. Esta circunstancia atenaza la sostenibilidad del sistema de pensiones, algo que se vería mitigado si se lograra una prolongación efectiva de la vida laboral de quienes están cercanos a la jubilación para generar más riqueza.

De esta reflexión parte el trabajo Envejecimiento y jubilación, elaborado por los investigadores de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz y Sergi Jiménez-Martín para el proyecto Food for thought: aportaciones al debate sobre políticas públicas, en el que estos economistas proponen “darle la vuelta como a un calcetín a la legislación laboral y de pensiones con el objetivo de dejar de desaprovechar todo el talento sénior que desee seguir trabajando”.

Así, la idea global para esta reforma es que, con carácter general, la ley permita completamente cobrar una pensión de jubilación y seguir trabajando al mismo tiempo. Para ello, esta propuesta incluye, entre otras cosas, la creación de un nuevo contrato sin costes de indemnización por despido, para quienes quieran seguir en activo a tiempo completo o parcial en la misma empresa o en otra después de cumplir la edad convenida de jubilación y haber accedido a una pensión. En opinión de Conde-Ruiz, esta medida sobre el despido no sería “una discriminación” y tendría “encaje”, porque la persona ya tiene su red de seguridad consolidada con la pensión del sistema de la Seguridad Social. Además, haría que las empresas “no tengan miedo” a que los empleados sénior sigan en plantilla y acumulando antigüedad.

Estos economistas consideran que las actuales modalidades de retiro flexible —la jubilación activa, la jubilación parcial/flexible (antes/después de la edad ordinaria de jubilación) y la jubilación compatible con trabajo autónomo— son “excesivamente rígidas, y eliminando estas rigideces hay margen para que todos puedan mejorar: los trabajadores, las empresas y el Estado”, ha explicado este lunes el director de Fedea, Ángel de la Fuente, durante la presentación de este informe.

Según las cifras de esta investigación, hay evidencias que apuntan a que en España la capacidad de trabajo de los ocupados de 60 a 69 años se ha incrementado un 59% en las últimas tres décadas respecto a unas tasas de mortalidad equivalentes. “Esto quiere decir que los trabajadores mayores están cada vez más formados, tienen más capacidad de trabajo y tienen mejores empleos en general”, ha dicho Jiménez-Martín. Por este motivo, los autores del trabajo apuntan a una urgente necesidad de hacer una reforma integral y radical del momento en el que se transita de estar en activo a la jubilación, “de forma que no se pase de trabajar 40 horas semanales a 0 de la noche a la mañana”, recoge el documento presentado.

Al tiempo, creen que el proceso de retiro “no debe ser homogéneo para todos los trabajadores y debe tener en cuenta cómo de dura o exigente físicamente es la profesión y el estado de salud del trabajador”. Pero, sobre todo, indican que esta reforma debería pilotar sobre una idea: “Una vez alcanzada la edad normal de jubilación, el sistema debe permitir, si así lo desea el trabajador, la plena compatibilidad entre la percepción de la pensión y el salario”.

Unificar la edad flexible de retiro desde los 61 o 63 años

Los expertos creen que, en cuestión de edad, todas las modalidades de jubilación deberían unificarse en una sola desde la primera edad posible de jubilación anticipada (61 o 63). A partir de ahí, el nuevo sistema de jubilación activa debería hacer la pensión compatible con el trabajo en todas las edades. Además, creen que la cuantía de la pensión no debería penalizarse “después de la edad normal de jubilación”, como ocurre actualmente en la jubilación parcial; pero sí prevén una penalización dependiente del nivel salarial, salud o penosidad del empleo, antes de la edad normal de jubilación.

Es más, apuntan que “para evitar cualquier forma de discriminación, la nueva jubilación activa no debería excluir a ningún trabajador, siempre que cuente con un mínimo de años cotizados y con el derecho a alguna forma de jubilación. Así, proponen eliminar la actual obligación de pasar un año por la jubilación demorada (o la inactividad) para acceder a la jubilación activa a todas las edades, e introducir cambios en la jubilación parcial de forma que el trabajador pueda seguir en el mismo trabajo a tiempo parcial con cualquier porcentaje de jornada (ahora está tasada entre un mínimo del 25% y un máximo del 50%).

En cuanto al impacto de esta reforma en las cotizaciones del trabajador y, por tanto, en los pagos de cuotas sociales que hacen las empresas, estos investigadores proponen que tanto para la jubilación activa como para la demorada, podría mantenerse el sistema actual que permite que una vez completada la carrera contributiva (en términos de edad y cotizaciones requeridas), el trabajo posterior deje de cotizar o a lo sumo, en el caso de la jubilación activa, cotice a una tasa reducida (cuota de solidaridad). Si bien, añaden que, en su opinión, aunque se podría optar por mantener dicho sistema, si se flexibilizara plenamente el acceso al trabajo después de empezar a cobrar la pensión, “lo más justo con el conjunto de trabajadores (pensionistas o no), que compiten por el mismo conjunto de trabajos, es que la cotización se haga a la misma tasa para todos”.

Esta última opción saldría más cara a las empresas, pero los trabajadores continuarían cotizando por la escala general (como en EE UU) y su pensión se recalcularía una vez finalizada la demora o el período de compatibilización entre pensión y salario, premiando el tiempo y/o las cotizaciones adicionales aportadas al sistema durante el período de extensión de la carrera laboral.

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